Evaluan presentar demanda federal contra la ley SB 1718 de Florida
Varias organizaciones defensoras de derechos civiles, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, Americans for Immigrant Justice, American Immigration Council y Southern Poverty Law Center, están planeando presentar una demanda contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en relación a la reciente ley SB 1718.
Dicha demanda será interpuesta en nombre de múltiples individuos y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización enfocada en la justicia social, política, económica, laboral, de salud y ambiental para los trabajadores agrícolas inmigrantes.
Estos argumentan que la ley no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que también socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes.
Los cinco grupos de derechos civiles involucrados, el Southern Poverty Law Center, la American Civil Liberties Union (ACLU), la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, han estado analizando la ley de inmigración de Florida y planean emprender pronto acciones legales en su contra.
En un comunicado de prensa, las organizaciones anunciaron que centrarán su atención en el transporte de inmigrantes indocumentados dentro de Florida. “Nuestra demanda tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio”, según declaró una persona con conocimiento del caso.
“Nadie debería vivir con miedo o enfrentarse a la discriminación basada en su estatus migratorio, su presunto estatus migratorio o el estatus migratorio de los miembros de su familia”, es parte de los argumentos por parte de las organizaciones.
Aunque la demanda aún no ha sido presentada, ya se están llevando a cabo esfuerzos conjuntos para ponerla en marcha.
La ley SB 1718, que entró en vigor el pasado sábado 1 de julio, impone sanciones severas tanto a los indocumentados como a sus familias y empleadores, lo que ha generado temor en parte del estado.
A pesar de las intenciones de disputar legalmente el alcance de la normativa, por el momento sigue funcionando sin ningún tipo de traba o bloqueo judicial.